La situación de los partidos políticos

…en la España del último lustro hace prácticamente imposible, porque no dan los números, la constitución de un Gobierno legítimo que pueda abordar con solvencia los próximos cuatro años de legislatura, una vez abortada la incierta posibilidad de que PP o Cs contribuyesen con su abstención a la investidura en minoría del candidato del PSOE Pedro Sánchez.

Un Pedro Sánchez que ha decidido hacernos retornar adonde estábamos antes del largo proceso electoral culminado el pasado 26-M, esto es: a la confrontación entre el supuesto bloque constitucionalista (PP, Cs y Vox) y el que pretende abanderar de nuevo el caudillo del PSOE con Podemos de muleta y los separatistas de fusta contra las instituciones democráticas de la Nación.

Un caballo, el de Sánchez, ciego por las anteojeras de la ideología y desbocado por la pura urgencia de algunos de sus socios, cuyo largo futuro entre rejas condiciona de manera drástica cualquier opción redonda del actual inquilino de La Moncloa para mantenerse en el poder sin transgredir violentamente la Constitución. No todas las opciones políticas son legítimas, aun siendo legales.

Así, de ERC y JxCat como de EH Bildu sólo cabe pedir su ilegalización en tanto que sus fines como los medios para lograrlos (golpismo institucional y terrorismo, respectivamente) son criminales, mientras que de la legitimidad de origen y ejercicio democráticos del PNV basta con apuntar que el Partido de la Raza Vasca es tan anticonstitucional en sus fines como legalista en sus medios.

Podemos tampoco resulta homologable democráticamente a ninguna fuerza izquierdista de la UE, salvo en lo referido a su programa económico, que emparenta más bien con el del Frente Nacional francés. Con estos socios del PSOE, lógicamente el Estado sólo puede quebrar a corto plazo, en lo económico como en lo legal, dada además la actual situación macro de las cuentas públicas.

ARTICULACIÓN DE UNA ALTERNATIVA DE GOBIERNO

En esta tesitura, con los socialistas entregados al reparto de ayuntamientos y comunidades autónomas con todos los enemigos de España y su Constitución (de las libertades y derechos de todos los españoles) con el objetivo único de mantener a Sánchez en el poder para permitirse gozar de los últimos días del Saqueo Institucionalizado, PP, Cs y Vox deben responder unitariamente.

Una cuestión que pareció quedar solventada en la reunión de los tres en la Plaza de Colón, que como reacción primera condujo a Sánchez a convocar elecciones para zafarse de la que se esperaba creciente presión (con probable moción de censura incluida) de PP y Cs. Mas desde ese mismo día en que escenificaron su unidad contra el presidente, los tres partidos decidieron enzarzarse entre sí.

Primero fue a cuenta del “liderazgo del Centro-Derecha”, cuestión que no venía a cuento tratándose de oponer un bloque alternativo al de Sánchez con Podemos y los separatistas. Albert Rivera se equivocó de plano después del 28-A autoerigiéndose en “líder de la oposición”, pero el que lanzó la liebre fue Pablo Casado al reclamar para el PP el “voto útil” en detrimento de Cs y de Vox.

Casado también erró al presentarse a la cita postelectoral con Sánchez (en funciones de usurpador de las funciones del jefe del Estado) para ser “investido” algo así como “jefe de la Oposición”, y hasta se permitió ofrecerle una serie de “pactos de Estado” a quien hace tiempo que decidió hacer “tabula rasa” de lo que el Estado español, la Constitución o el PSOE hayan sido hasta que llegó él.

¿HACIA NUEVAS ELECCIONES?

Logre conformarse o no el nuevo Gobierno de Sánchez, tanto PP como Cs deberán obviar sus desencuentros y reproches para articular una alternativa de Gobierno, de cara a una posible repetición electoral inmediata o en el momento en que los socios de Sánchez lo vuelvan a abandonar con motivo, por ejemplo, de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Para ello, una vez que Rivera no ha querido moverse del “No” a Sánchez -esto es: que pretende mantenerse en el denominado “trifachito” (“los tres partidos del Centro-Derecha”)- no le queda otra que renegociar todos sus pactos con los socialistas en ayuntamientos y comunidades autónomas, o de mantener el discurso antisanchista sus votantes encontrarán más consecuencia en PP o Vox.

Casado, salvado por el 26-M como Rivera por la entrega de Navarra a los abertzales por parte de Sánchez, tiene ante sí el difícil cometido de liderar la reagrupación de las distintas candidaturas bien por asimilación de siglas y reparto de puestos (lista única al Senado, Navarra Suma), bien por discriminación y descarte (en provincias donde sólo puede lograr escaño el más votado de los tres).

Obviamente, sólo un pacto previo entre Casado, Rivera y Abascal puede garantizar el éxito de esta “joint venture”, pero si esperan de los votantes que crean que la pretensión de cualquiera de ellos es, antes de nada, patriótica y en pos de preservar los derechos y libertades de los españoles, harían bien en sentarse cuanto antes a firmarlo so pena de volver a reincidir en el error y fracasar con dolo.

Anuncio publicitario

Franco no fue oficialmente jefe del Estado hasta 1947

…cuando, si ya lo era de facto, se convirtió de derecho en jefe del Estado mediante la promulgación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado el 26 de julio de 1947, después de ser aprobada en las Cortes y ratificada por referéndum nacional, en la que por vez primera se declara que el titular de la Jefatura del Estado es Francisco Franco, en su artículo 2º:

“La Jefatura del Estado corresponde al Caudillo de España y de la Cruzada, Generalísimo de los Ejércitos, don Francisco Franco Bahamonde.”

Una ley que, pese a concebirse como reacción al Manifiesto de Lausana (19 de marzo de 1945) del pretendiente a la Corona don Juan de Borbón -en que éste denunciaba la dictadura y abogaba por una monarquía constitucional-, representa el primer fundamento legal, constitutivo, del régimen actual, al quedar establecido en su artículo primero:

“España, como unidad política, es un Estado católico, social y representativo, que, de acuerdo con su tradición, se declara constituido en Reino.”

Aunque el dictador aún tardará dos décadas en designar al “Príncipe de España” como su sucesor, ya desde 1948 y de común acuerdo con Juan de Borbón, el hijo de diez años de éste, Juan Carlos, se educará en España y se convertirá, precisamente como nuevo jefe del Estado a la muerte de Franco, en artífice principal de la Transición (inspirado por su mentor Torcuato Fernández-Miranda).

Pero hasta 1947, ¿con qué título había desempeñado Franco sus funciones en la España de posguerra? Recuérdese que el primer bando de los sublevados, hecho público el 17 de julio de 1936 a las 18 horas, y firmado por Franco, aseguraba que “se trata de restablecer el ORDEN dentro de la REPÚBLICA (…)”.

LOS ÚLTIMOS PRESIDENTES DE LA II REPÚBLICA

Habitualmente se admite que el último presidente (o jefe del Estado) de la II República fue Manuel Azaña, hasta el 27 de febrero de 1939 en que, huido a París, presentó allí su dimisión. Pero otros dan por bueno que un nuevo presidente de la República fue elegido en el exilio en México en 1945, fecha en la que todavía podían estimar como prematuro dar por bien asentado el régimen de Franco.

Se trató de una reunión de las Cortes republicanas acabada la II Guerra Mundial, cuando la España franquista fue expulsada de la ONU y el gobierno mexicano decidió que había llegado la oportunidad para los exiliados. El 17 de agosto se produce en México capital el encuentro de 96 de los 343 diputados (de una Cámara de 470, 127 de ellos fallecidos) y sale elegido Martínez Barrio.

De entonces al considerado último presidente de la II República (ya desde 1960 reconocida únicamente por Yugoslavia y México, pues España había regresado a la ONU en 1955), José Maldonado, pasan más de 30 años: hasta marzo de 1977 en que el gobierno mexicano reconoce oficialmente el Estado español realmente existente, con el rey Juan Carlos I como jefe del Estado.

No obstante, se puede apreciar que “España estuvo sin jefe del Estado desde 1939 hasta 1947” (1), título de un trabajo del historiador José Luis Vila-San-Juan que resulta en extremo esclarecedor. Porque ahora el propio Tribunal Supremo considera (en realidad ¡juzga!, luego establece) que Franco fue designado jefe del Estado desde el mismísimo 1 de octubre de 1936, en Burgos.

RETICENCIAS ANTE EL ASCENDENTE CAUDILLO

En rigor, y precisamente por las discrepancias entre sus pares en graduación, se quiso escamotear ese título para Franco, al que se le asignó estrictamente el de “jefe del Gobierno del Estado” (que entonces era el Estado de “la España nacional” frente al de “la España roja” gobernada por el Frente Popular). El decreto apareció publicado en el BOE de 30 de septiembre de 1936. Su primer artículo:

“En cumplimiento de acuerdo adoptado por la Junta de Defensa Nacional, se nombra Jefe del Gobierno del Estado español, al Excmo. Sr. General de División, don Francisco Franco Bahamonde, quien asumirá todos los poderes del nuevo Estado.”

Se salvaban así los últimos recelos de varios generales, tanto monárquicos como republicanos, si bien todo el poder quedó concentrado de hecho y de derecho en las manos de Franco, visto ya para esa fecha como el “hombre providencial” que liberó el Alcázar de Toledo. No menos explícito del traspaso de poderes de la Junta al mando unificado de Franco es su artículo segundo:

“Se le nombra asimismo, Generalísimo de las fuerzas nacionales de Tierra, Mar y Aire, y se le confiere el cargo de General Jefe de los Ejércitos de operaciones.”

Con la dimisión de Azaña en febrero de 1939 y con el reconocimiento de su Gobierno desde esa misma fecha por parte de Francia y Gran Bretaña, inicialmente favorables a la II República, parece claro que Franco se convierte en el único jefe del Estado hasta 1975. Pero, técnicamente, sólo se intitulará como jefe del Estado con motivo (o con excusa) de la sucesión a la Jefatura del Estado.

NOTAS

1. Mentiras históricas comúnmente creídas. José Luis Vila-San-Juan

El buenismo universal del (no) PP vasco

…es ya tan sospechoso que sonroja: un Alfonso Alonso que proclama el liberalismo fuerista o el foralismo centrista como señas de identidad de un PP vasco »que quiere ser útil», cuando ha prácticamente desaparecido después de una década de dontancredismo al servicio de Rajoy… y de sus componendas con el PNV (por ejemplo a cuenta del «proceso de paz» diseñado a tres por PSOE, PNV, ETA, y ejecutado por el Gobierno de Zapatero y el del propio Rajoy).

Luego va Borja Sémper, sempiterno perdedor electoral siempre a gusto consigo mismo, y declara que de «Euskadi» y de lo que el (no) PP vasco -en su caso- haga por estos lares solo pueden hablar en su partido ellos, que conocen bien el paño -y se nota, se nota…

Después de haber apuñalado a María San Gil porque no les dejaba, al parecer, »hacer política», estos ases del escaqueo con sus votantes y del pactismo »a ultranza» con el PNV se han encontrado con su propia horma: ya son tan inútiles como unos zapatos rotos.

Aún podrán arrastrar sus últimos escaños para favorecer un poco más a Urkullu, pero da toda la impresión de que el juego de la silla toca a su fin.

Casado, es hora de una gestora. Por compasión.

El problema del Gobierno parlamentario

…se evidencia ahora más que nunca en España, más aún después del 26-M que desde el 28-A, porque la ausencia de una mayoría clara (absoluta) de una sola fuerza política impide consolidar un ejecutivo fuerte (independiente) que sea capaz de asumir el Gobierno de la Nación en un momento crítico en que ésta es amenazada por enemigos interiores y por una grave coyuntura económica.

Hasta ahora el bipartidismo PSOE-PP había disimulado mal que bien esta circunstancia (la no separación de poderes vigente), cuánto más en lo relativo a ayuntamientos y comunidades, pero hace más de un lustro que la proliferación de partidos ha intensificado esta política de bazar para repartirse las instituciones y sus dineros (presupuestos) entre las facciones que sumen lo suficiente.

Pero si hasta la investidura del presidente -que depende de los votos de los diputados, recuérdese- ha quedado a la espera de las elecciones municipales y autonómicas para conocer con qué cartas juega cada uno de los contendientes y qué posibilidades de pacto (con los propios y con los ajenos) hay sobre el tapete, queda más clara que nunca la supeditación del Ejecutivo a los partidos políticos.

Algo que pone en jaque la misma representatividad del sistema, en cuanto que obligados a votar por listas cerradas de partido, con las limitaciones de las circunscripciones electorales (que sin responder a un sistema mayoritario, sino proporcional, desecha un alto porcentaje de los votos), no sólo elegimos a representantes, sino también a los electores reales del Gobierno o Poder Ejecutivo.

En un régimen de partidos, sólo el consenso o compromiso entre las principales fuerzas políticas puede mantener el Estado; un compromiso que si no acata y deviene del “gobierno de las leyes” acaba por suponer un mero equilibrio de las fuerzas en pugna, que saltará por los aires precisamente cuando cambie la correlación de fuerzas claramente a favor de uno de los actores políticos.

Así la investidura del nuevo presidente Pedro Sánchez se presentará como el reflejo del “cambio” y “la nueva mayoría”, y a buen seguro pretenderá el líder del PSOE seguir gobernando a golpe de decreto y ocurrencias de imagen, pero todavía no goza de la mayoría que sería necesaria para llevar a cabo su proyecto integral de cambio de régimen -aunque las apariencias busquen engañar a todos-.