…certifica la bondad del modelo presidencial (circunscripción única nacional, a dos vueltas) no solamente para designar presidente del Gobierno, sino fundamentalmente para separar Ejecutivo de Legislativo y dotar de independencia a cada poder respecto del otro, de modo que los parlamentarios negocien hasta el paroxismo para aprobar leyes, pero el Gobierno pueda gobernar.
Lo que se gana así en representatividad del Gobierno (el candidato que vence en la segunda vuelta forzosamente lo hace con más del 50%, pues solo computan las dos opciones en liza, sin votos blancos o nulos) tampoco se pierde en pluralismo político, en cuanto que los representantes en el Legislativo serían como ahora un reflejo proporcional aproximado de las opciones de los electores.
La ventaja de la eficacia se enfrenta a la desventaja del riesgo de cesarismo o caudillismo, cosa que en países como Francia o Estados Unidos se pone de relieve con cada nuevo presidente que resulta elegido; pero ello no obsta para que los debidos contrapesos, de la misma Justicia a la oposición en Parlamento y Prensa -hoy día, sobre todo en USA, la TV-, acoten el campo y el tiempo de esos excesos.
Antes de ello, el factor clave de la periodicidad de las elecciones (con el objeto de renovar o desechar al jefe del Ejecutivo) establece los límites pertinentes a la acción política de cualquier gobernante, mucho más que en el actual sistema de partidos en que la penalización en las urnas no ha contado apenas para remover a las dirigencias corruptas del nivel local tanto como del nacional.
Así que se podría incluso preservar el sistema electoral proporcional (con las circunscripciones ajustadas al censo actual de cada provincia), que ya no se daría el bloqueo para la elección de presidente, aun si una fragmentación como la actual hiciera complicado a cualquier grupo sacar adelante sus proyectos legislativos… sin negociación con el resto de los parlamentarios.
Por supuesto, el Ejecutivo podría emitir decretos como ahora, a expensas del reconocimiento de su constitucionalidad por parte de los tribunales, como adoptar las medidas económicas pertinentes sin gozar siquiera de un proyecto de ley de Presupuestos aprobado; pues de nada serviría a los ciudadanos elegir a un presidente por mayoría maniatado al par por la falta de mayoría en las Cortes.
Este reforzamiento del Ejecutivo, como garantía básica de su independencia y de su posibilidad de funcionamiento, no eliminaría tampoco el mecanismo de la moción de censura constructiva de ser aprobada por una mayoría cualificada que sí cabe revisar, y que podría adecuarse a lo ya estipulado para la promulgación o derogación de las Leyes Orgánicas (las de más alta jerarquía en la Constitución).
Tal vez así podría ser compatible el prurito del máximo pluralismo político con el de máxima representatividad de las instituciones, el de mayor libertad política con el de más eficacia en la toma de decisiones; sobre todo dado el panorama actual de partidos convertidos en ligas de facciones enfrentadas en su mismo seno, que además ocasionalmente responden a intereses de terceros.
Pero parece evidente que esta propuesta, que a buen seguro podría constituir (por lo visto en apenas tres meses) el sueño húmedo de Sánchez, Casado, Rivera, Iglesias o Abascal, no interesa a las organizaciones políticas que financian muy distintos sectores de la vida pública y privada española, que perderían con el modelo presidencial gran parte de su influencia, menos difusa a cada día que pasa.
Pasachanda 