[Publicado como editorial en el extinto diario Nuestra Hora el martes 12 de marzo de 2013.]
Fue un 23-F de hace tres décadas cuando se determinó que la Derecha no volvería a ser hegemónica en España, para lo cual fue necesario una especie de autogolpe que sirvió para relegitimar al sucesor de Franco en la Jefatura del Estado, el rey Juan Carlos I, como demócrata de la primera hora, independiente ya de su pasado y del régimen y de la persona a la que hasta entonces se lo debía todo.
De entonces a nuestros días, los ciudadanos hemos asistido a todo tipo de tropelías por parte del PSOE y de la izquierda en general, que se valió del poder para arruinar la independencia judicial tanto como la universitaria, colocando a los suyos a dedo mientras hostigaba y echaba a los desafectos al nuevo régimen nacido de los escombros de la Transición.
Del “caso Rumasa” a Filesa, pasando por los GAL o las comisiones venezolanas de Sarasola y González, entre otros innumerables escándalos, las cuentas nunca saldadas de los oprobiosos años del Felipismo le pasaron factura al Gobierno Aznar no sólo en lo económico, sino en la persistencia de un entramado criminal enquistado en el Estado que esperó su momento para recuperar el poder.
Así el 11 de marzo de 2004 ciertos “agentes” hicieron explotar varias bombas en trenes de Cercanías de Madrid con el fin de liquidar la línea política mantenida por el Ejecutivo popular en los asuntos internos tanto como en el exterior. De la responsabilidad del PSOE da buena cuenta la manipulación inmediata a que procedió con todos sus recursos, incluida una Policía que destruyó pruebas y se dedicó a diseminar otras falsas.
Muchas son las especulaciones sobre la autoría intelectual de la masacre de Madrid, donde tantos mecanismos de la Defensa fallaron estrepitosamente, pero lo que llama la atención es precisamente la actuación policial, el carpetazo judicial después de un simulacro de investigación, y la furia sectaria de ciertos medios de comunicación contra las versiones alternativas a la “oficial”, sin olvidar a los que desde postulados editoriales próximos a la derecha ordenaron también silenciar el asunto a sus periodistas.
De fondo, la extendida corrupción política, judicial y mediática, coronada por la misma corrupción política, moral y económica del Rey, hace que sea complicado saber qué papel jugó cada uno de los principales actores de la política española -aquellos que, como Rubalcaba, lo saben todo de todos, se trate del monarca o de dónde se encuentran a cada momento los jefes de ETA- en los hechos referidos. Pero lo cierto es que el 11-M fue necesario para evitar la liquidación definitiva de ETA y su consecuencia más plausible: el fin de la hegemonía del PNV en el País Vasco, así como el de la de CiU en Cataluña, por no hablar de lo necesario que fue para la exclusión política de aquel PP del nuevo régimen, de facto interiorizada por Rajoy a partir de 2008 cuando se aprestó a someterse a las nuevas reglas de juego para que le dejaran ser presidente después de Zapatero.
Es obvio que ninguno de ellos podía contar con la ruina económica que ha dejado este miserable estado de cosas al descubierto, pero en rigor no es tan ajena a la corrupción política y moral como podría pensarse. También en esto quieren algunos remitirse a los “agentes exteriores”, como si estuviéramos en la Cuba de Castro o en la Alemania de Hitler, para descargar en los “mercados” como en los “suicidas de Al Qaeda” el origen de todos nuestros males.
Ahora que el régimen agoniza definitivamente, es hora de que los españoles ajustemos cuentas con nuestro pasado para tratar de recuperar el generoso espíritu de trabajo y cohesión que otrora permitiera abrigar la esperanza de la consolidación del régimen constitucional democrático. Una esperanza frustrada por quienes decidieron la ruptura traumática con el pasado para iniciar un tiempo nuevo de pelotazos e impunidad a costa del pueblo español.
Las consecuencias de tres décadas de ocultaciones por “razón de Estado”, planificación socialista -saqueo institucionalizado- y control férreo y antidemocrático de todos los mecanismos de protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, de la Justicia y la Policía a los mismos partidos y sindicatos, apoyándose además en el control del Cine, la TV, las radios y la Prensa, las tenemos bien a la vista: son los cadáveres del 11-M y los de ETA, más de 1.000 muertos sepultos que sin embargo reclaman aún memoria, dignidad, justicia y verdad. Y el Gobierno Rajoy haría bien en tenerlo presente so pena de que una vez más la derecha se exponga a ser desalojada del poder de manera violenta.
Pasachanda 