…como en la canción de Led Zeppelin comenzamos el año, incluso aquellos que no hemos padecido los rigores extremos de la borrasca Filomena, puesto que nos encontramos a la expectativa como el resto de los españoles y de los europeos de las nuevas decisiones (restricciones) políticas para paliar la tercera ola de la pandemia de Covid19.
A estas alturas, después de la frustración del verano ante el hecho de que este coronavirus no es estacionario como el de la gripe, los primeros meses del año deparan un riesgo mayor si cabe de contagios masivos, algo que debería haberse previsto en vez de tanta preocupación por “salvar la Navidad”, aquí como en Alemania.
Pero, simultáneamente, con la campaña de vacunación en marcha, las autoridades europeas harían bien en prever la siguiente fase del proceso, cuando la reducción de los casos (y de la virulencia misma de las nuevas cepas) invite de nuevo a levantar las restricciones con la llegada de Semana Santa y la reanudación de los viajes de placer y ocio: la reactivación del Turismo, vaya; y en general, de los viajes comerciales, de intercambio universitario, “culturales”, etc.
Y ello porque muy pocos países de la UE se pueden permitir actualmente otra temporada perdida por el sector terciario, con su impacto en el consumo interno causa y consecuencia al par de la pérdida de empleos en los demás sectores. El ejemplo de España es claro, pero la dramática situación económica de muchos españoles ha de repercutir forzosamente en los mismos sectores de los otros países.
En consecuencia, más allá del maná de fondos prometido a los estados miembro (con sus ávidas élites político-financieras a la cabeza) conviene a la UE, a sus máximos dirigentes -o sea, al grupo de gobernantes de los países principales de la comunidad- establecer definitivamente los criterios con los que se deberá afrontar la Covid19, válidos y obligados en todos los territorios.
Porque en España, ya lo estamos viendo, la “descentralización” de la gestión después del desastre del “mando único” protagonizado por Sánchez, Iglesias, Illa (con su bufón Simón) y Ábalos solamente ha probado que los poderes autonómicos, al verse investidos de una nueva competencia, han hecho como habría hecho cualquier Gobierno nacional: convertir “la lucha contra el coronavirus” en asunto de Estado.
De ahí que, de un día a otro, sin necesidad además de consultar a sus respectivos parlamentos (“autónomos” como nunca antes de la sociedad, del mismo cuerpo electoral que los justifica), los dirigentes regionales, que teníamos que soportar básicamente como administradores de políticas lingüísticas y culturales -esto es: de enchufe del amigo o compañero de partido-, se crezcan dictando disposiciones de todo tipo para mejor frenar la expansión de los contagios.
Acabarán pidiendo desde todas las CCAA cuerpos policiales propios, facultades constitucionales análogas a las del Gobierno para poder decretar excepcionalidades con cualquier motivo, y la misma capacidad para apropiarse de lo privado -“nacionalizar” le dicen, tiene gracia- por mor de la defensa del “interés general” y el bienestar “de la gente”.
Y todavía hay quien, en declaraciones a los medios, confiesa su preocupación (¡incluso su desagrado!) por las medidas represivas de toda índole a que nos vienen sometiendo burócratas de un sinfín de Administraciones con la justificación última de la “lucha contra la pandemia”. Se tratará de alguien de la “sociedad civil” ésa, supongo.
Pasachanda 